La crisis gubernamental desatada tras la difusión de audios que implican al presidente Martín Vizcarra en el escándalo de Richard Cisneros, conocido como «Richard Swing», ha llevado a un escenario insospechado.
El exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP), Fredy Vilca Monteagudo, y el destacado abogado Miguel Pino Ponce, coinciden en que existen suficientes elementos y asidero para aplicar el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, sobre vacancia por permanente incapacidad moral.
Para Vilca Monteagudo el término de ‘permanente’ lo han de interpretar los 130 congresistas, pero existe recurrencia en la mentira.
También opina que Vizcarra debió dar un mensaje de arrepentimiento o explicaciones, pero lo que hizo fue retar a los congresistas.
A decir del exdecano del ICAP, podría recurrir como estrategia a una interpretación constitucional sobre la «permanente incapacidad» y presentar una demanda de acción de amparo para que antes del 18 de setiembre, un juez orden que se suspenda la votación.
Finalmente, refiere que el presidente deberá negociar los votos para que no se alcancen los 87 que se requieren para vacarlo.
DECISIÓN POLÍTICA
Para Pino Ponce se debe aclarar que Vizcarra afronta un pedido de vacancia, no acusación ni juicio, por lo que el mandatario confunde cuando dice que los audios no son ilegales. «Se tramita la vacancia por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Es una decisión política, el Congreso es soberano y tiene facultades para vacarlo», precisa.
«Vizcarra no tiene otra salida: debe conseguirse un ‘Moisés Mamani’ para que no se consiga los 87 votos… que compre unos cuantos votos. Los cubileteos son algo que ocurre y no se dice», sonríe.
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