Debo reiterar lo dicho por Walter Gutiérrez, hoy defensor del Pueblo: si un abogado es ignorante en temas económicos, corre el riesgo de convertirse en un enemigo público. Ahora imagínense si eso lo trasladamos a un congresista, ya no es un riego, es un siniestro.

Por eso justamente es que se dedican a presentar proyectos de ley hechos con el corazón o con el hígado, partes del cuerpo humano que no sirven para pensar, teniendo como resultado que sin tener sustento técnico han presentado sendos proyectos de ley: primero, para aumentar el déficit fiscal, pretendiendo que la ONP, administradora del cementerio fiscal llamado Sistema Nacional de Pensiones (SNP), devuelva aportes personales inexistentes.

Y es que el modelo “socialista y solidario” que la dictadura militar eligió para los fondos previsionales es el llamado “de reparto”, es decir, que todos los aportantes lo hacen para un gran pozo. Todos son dueños de todo y dueños de nada. Ese “fondo solidario” está quebrado, no tendrá liquidez para siquiera pagar pensiones en diez años más.

Es totalmente distinto a las AFP, donde cada uno es dueño de sus aportes. Pero como no saben de qué se trata, los ha movido el corazón. Me hubiera gustado que en el análisis costo-beneficio de la ley digan de dónde va a salir los fondos. El hoyo deficitario de la ONP bordea dos veces el presupuesto nacional, ante eso el Gobierno simplemente va a decir que es una ley inaplicable, ¿o van a aprobar un endeudamiento externo para pagar las pensiones? Es un saludo a la bandera, todo para que ese grupo de solípedos diga que están cumpliendo con el elector.

Segundo es el tema de la prohibición de cobrar intereses bancarios. Querían que no se cobre estos por el tema de la epidemia, con el grave riesgo de pérdidas en el sector de las microfinanzas y cooperativas (los bancos «grandazos» estornudarán, pero a las cajas municipales les dará un COVID financiero), igualmente que las sentencias judiciales que ordenaban el pago no se cumplen, con lo cual estarían invadiendo atribuciones constitucionales del Poder Judicial. Otra vez la “chunchería” del populismo y todos se dejaron llevar de las narices (rebuznos incluidos) por el economista de bataclanas, el Adam Smith de polladas, el Friedman de “combi” apellidado Urresti. Y ante las explicaciones técnicas dadas (que no creo que hayan entendido y solo creo por la presión de los medios y burlas de expertos en derecho bancario) retrocedieron, excluyendo ahora a las cajas municipales, cooperativas y a las sentencias del Poder Judicial. Sin embargo, resulta que los bancos «grandazos», por sí (y por presión del BCR) ya están otorgando hasta 80 meses de plazo con intereses preferenciales.

Va a resultar que como esa ley va a ser tan útil como la estupidez aprista de la ley de estatización de la banca (hecha con la cola del búfalo), el Ejecutivo, aprovechando la facultad de reglamentar la norma, dirá que “no aplica cuando la entidad ya ha otorgado de oficio reprogramación”, con lo cual será otro saludo a la bandera. De nuevo “hemos cumplido con nuestros electores, no importa la estupidez que hagamos”.

En lugar de semejante despropósito, ¿por qué no conforman una comisión para investigar el verdadero destino de los fondos del plan Reactiva? Lo que pasa es que no sabrían por dónde empezar.

Y esto sucede porque a los dueños de los partidos políticos no les interesa poner gente capacitada en las listas, se contentan con llenar de individuos que no tienen otro mérito más que el de las circunstancias, con llamar al “buena gente”, al que “chupa” todos los fines de semana. No les gusta rodearse de gente pensante sino rumiante, y luego volvemos ya no a tener más de lo mismo sino peor. No hay duda de que en la política siempre al fondo hay sitio.

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