Bustamante. Luego de casi 50 días de cierre de la Avelino Cáceres, al encontrarse 15 casos de COVID-19, la espera de los negociantes de la plataforma comercial no dio para más. Es así que este jueves protestaron para pedir la reapertura de sus mercados luego de haber cumplido con la adecuación de los protocolos de seguridad.
Sin embargo, los manifestantes fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno y chorros de agua, y no recibieron una respuesta del alcalde de la jurisdicción, ante cuyo municipio protestaban.
Mientras que un grupo de 10 comerciantes que mostró más resistencia a las órdenes policiales fue trasladado a la comisaría de Bustamante y Rivero.
La mañana de ayer, más de cien comerciantes, con carteles y banderas en mano, guardando el distanciamiento respectivo, realizaron una protesta en representación de los más de 10 mil trabajadores que laboran en la plataforma, en el frontis de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, para exigir que sus centros de abastos sean autorizados para atender al público, puesto que al menos 10 de los establecimientos han levantado las observaciones y han adecuado sus centros de laborales. 
Sin embargo, estos reclamos no obtuvieron respuesta y los quejosos fueron intervenidos por la policía, que los desplazó hasta el óvalo de la Avelino haciendo uso de gas lacrimógeno. La arremetida originó la caída de algunos protestantes que buscaron ponerse a salvo.
No obstante, esto no impidió que los manifestantes cesaran con sus cantos y continúen vociferando «queremos trabajar», «atrás, atrás, alcalde incapaz», y otros.
En representación de la entidad distrital, David Zapata, regidor de la jurisdicción, señaló que de los 24 mercados que ofrecen productos de primera necesidad, solo 19 se han agrupado para hacer las implementaciones, y de estos, 10 ya tienen un avance entre 70% y 95%.
Pero el resto de establecimientos tienen cero modificaciones, y por su irresponsabilidad sus compañeros están siendo afectados, puesto que se abren todos los centros de abasto de la plataforma o ninguno.
Asimismo, informó que el alcalde del distrito, Paúl Rondón, y el Comando COVID-19 de Arequipa han acordado realizar la inspección final el 22 de junio, y de ser aprobados, los comerciantes podrán retomar sus labores el 30 de este mes dado que ya no es solo una preocupación de los vendedores, sino también de la población, porque sus compras se han visto reducidas debido a que los precios de los productos en las ferias itinerantes es mayor.
Por su parte, Noemí Turpo, presidenta de la junta directiva de la Avelino Cáceres, indicó que no es justo que se meta en el mismo saco a todos los comerciantes, y que deben autorizar la reapertura de los que sí cumplieron, puesto que muchos se han hecho préstamos para realizar las adecuaciones como la separación de los puestos, implementación de lavaderos, equipos de protección, entre otros trabajos, y necesitan recibir ingresos para pagar esas letras.
Los vendedores también denunciaron que es discriminatorio que las autoridades no actúen con las mismas restricciones en los supermercados que también incumplieron los protocolos pero a los pocos días fueron reabiertos.
En este sentido, exigen tanto al Comando COVID-19 como al alcalde de Bustamante que tomen una postura clara y que actúen de acuerdo a los compromisos acordados y los dejen trabajar, puesto que ellos ya cumplieron con los protocolos sanitarios, aceptaron no permitir ambulantes en la plataforma y el cese del transporte en las calles aledañas.
Pese a estas quejas, el general Gratelly continúa firme en su posición y señaló que ante la alarmante crecida de muertos y casos de contagiados de coronavirus en Arequipa, sería irresponsable reabrir la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, y que la decisión final recae en el alcalde de la jurisdicción.
SIGLO XX
A estos reclamos también se unieron los trabajadores del centro comercial «Don Ramón», ubicado en la segunda cuadra de la calle Siglo XX, quienes con lágrimas en los ojos denunciaron la indiferencia de las autoridades locales y nacionales, que no responden a sus pedidos, entre ellos, la aplicación de la prueba de descarte, puesto que tras 95 días desde que se inició el estado de emergencia no tienen ingresos y el capital de trabajo del 90% de los 5.000 comerciantes se ha convertido en nada, señaló René Ylla.
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