Bustamante y Rivero. Con el fin de paliar la crisis económica en el país, el Ejecutivo transfirió recursos a los gobiernos locales para que puedan otorgar una canasta básica familiar a los más vulnerables de sus jurisdicciones.
Sin embargo, este apoyo no llegó a todos los que necesitaban. Algunas autoridades señalaron que el presupuesto no fue suficiente para atender la alta demanda de ciudadanos en situación de pobreza. Sin embargo, la Contraloría General advirtió que en la región, 130 se habrían otorgado a servidores públicos.
El problema se agrava porque de acuerdo a los datos registrados por los gobiernos locales en el aplicativo de Rendición de Cuentas de los Titulares y Emergencia Sanitaria, del Módulo de Control de Pagos por Planillas del Ministerio de Economía y Finanzas y Reniec, 23 de ellos tienen un ingreso mensual mayor a tres mil soles.
El reporte de la Contraloría señala también que de estos últimos, tres trabajadores o funcionarios ganan entre 5 mil uno y 10 mil soles. Su centro de labor serían las municipalidades de La joya, Socabaya y de Salamanca (Condesuyos).
Se supo también que 16 servidores que habrían sido beneficiados y que tienen un sueldo mayor a S/ 3 mil trabajan en la gerencia administrativa del Ministerio Público, Red de Salud Periférica de Arequipa, en las Ugel Caravelí, La Joya y La Unión, entre otras entidades públicas.
En su momento, el contralor Nelson Shack informó que en todos los casos se iniciaron acciones de control posteriores en los gobiernos locales que distribuyeron canastas a funcionarios, esto con el fin de determinar responsabilidades administrativas.
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