Cercado. El 1 de junio fueron suspendidos, una vez más, el transporte público urbano y el servicio de taxi en Arequipa. La condición que les puso la municipalidad provincial para que vuelvan a operar desde el 15 de junio es que adecuen sus unidades y personal a los nuevos protocolos sanitarios para prevenir la propagación de la COVID-19. De lo contrario, no podrían reanudar sus actividades. Sin embargo, dichas disposiciones han generado el descontento en los conductores, pues aseguran que las empresas están haciendo cobros indebidos.
A partir de la primera semana de junio, tanto las empresas de taxi como las de servicio público empezaron a desinfectar e implementar sus vehículos con paneles de separación entre conductor y pasajeros, asientos diferenciados, carteles informativos sobre el virus, etc. Estas medidas han ocasionado que algunas empresas de taxis se aprovechen de la situación y obliguen a sus conductores a colocar los paneles de separación a un precio y en un lugar determinados, según denuncias de taxistas de Espíritu Santo.
«Pese a que la norma indica que se puede usar un material análogo al acrílico y que otras empresas los usan y pasan la evaluación de inspección de la municipalidad provincial, a nosotros no nos dejan cotizar precios y nos condicionan diciéndonos que no podremos circular», se quejó un conductor.
Empero, esto no solo sucede en las empresas de taxis sino también en las concesionarias del Sistema Integrado de Transporte (SIT), como es el caso de Emarsitran S.A.
En dicha empresa algunos conductores también denunciaron que les exigieron llevar S/ 80 para el pago de la prueba rápida, que está establecida en el cronograma de periodicidad que presentó cada concesionaria de buses para volver a operar. Sin embargo, según la norma publicada por la comuna provincial, el costo de dicha evaluación debe ser asumida por la empresa y no por los empleados.
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