Ayer se cumplieron 20 años del asesinato del universitario Eddy Quilca Cruz, sin que los responsables hayan sancionado a los responsables.
La víctima que cursaba estudios de Educación en la Universidad Nacional de Altiplano de Puno (UNA), fue abatido de un balazo de fusil por una patrulla del Ejército el 29 de mayo de 2003, en pleno estado de emergencia durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Aquel luctuoso día también resultaron heridos muchos estudiantes y transeúntes a lo largo de la avenida Floral y proximidades del jirón Progreso en la ciudad de Puno.
Conmemorando la fecha, ayer se desarrollaron dos eventos simbólicos: un conversatorio en la que fuera su facultad de Educación con las ponencias de Juan Monzón Granda, abogado de la Vicaría de Juli, que defendió durante años a las víctimas; el historiador René Calsín, entre otros; y frente al campus universitario el develamiento de la placa y busto de Eddy Quilca Cruz, mártir de la UNA y de la región.
Dichas actividades contaron con la presencia de los padres del fenecido jóven, Manuel Silverio Quilca, Zenobia Leonor Cruz Aedo y sus hermanos Romario, Abel y Rocío. Además participaron algunas de las víctimas de aquella represión policial, como Primo Feliciano Núñez Tito, Juan Guido Vilca Gutiérrez, entre otros.
En su memoria, el rector de dicha casa de estudios develó el busto y la placa recordatoria en memoria del exestudiante universitario, en el parque La Puya Raymondi, frente a la ciudad universitaria. Mientras que la Asociación Víctimas 29 de mayo, lo declaró su mártir por defender a los estudiantes.
Juan Monzón Granda, abogado de la familia de Edy Quilca, aseguró que los militares responsables nunca fueron sentenciados. El Poder Judicial absolvió a todos los militares implicados en el caso bajo la figura de “falta de imputación necesaria”.
Si bien se sabía que fue un militar el autor de la muerte, no se determinó quién dio la orden ni quién disparó.
Monzón Grande recordó que en un primero momento el exjuez Hernán Layme Yépez (expresidente de la CSJP y hoy vocal), ordenó la detención de varios oficiales, en segunda instancia ordenó la comparecencia con restricciones de los involucrados.
Posteriormente, pasó el caso al fuero militar y finalmente regresó a la jurisdicción penal ordinaria. El caso posteriormente fue trasladado de Puno a Lima, vulnerando el principio de “juez natural”, consumando la impunidad.
LO MISMO AHORA…
El abogado alegó que la violación de Derechos Humanos que terminaron con la muerte de 21 personas, en el marco de las protestas contra Dina Boluarte, es probable que no encuentren justicia, al menos no en el Perú.
Explicó que lo que viene sucediendo en la actualidad es lo mismo que ocurrió con el caso 29 mayo, porque la investigación se desarrolla con demasiada lentitud y no se respeta el “derecho al juez natural”, el cual supone que un investigado debe de comparecer ante el juez de donde ocurrieron los hechos.
A su turno, tras la ceremonia, Juan Guido Vilca Gutiérrez, herido, aseguró que pese a todo el esfuerzo que hizo el Estado no se responsabiliza de los daños de todos los heridos ni los fallecidos. El Ministerio de Defensa les pagó una indemnización irrisoria que no llegó a cubrir los daños a los heridos ni la muerte del exestudiante.
Solo veinte heridos de auquella jornada siguieron el tugurioso proceso penal, logrando la mísera indemnización, cuyo monto no revelamos por ser tan irrisoria.
Las víctimas del 29 de mayo de 2003 todavía no han sanado sus heridas.
