Autoridades sectoriales, comunales y tenientes gobernadores de distintos sectores de Alto Inambari cuestionaron la gestión del alcalde distrital Leo Calsina Álvarez y señalaron presuntos incumplimientos de compromisos asumidos durante el periodo 2023-2026. Los reclamos se produjeron tras el informe económico programado para el domingo 25 de octubre, cuya postergación habrían solicitado debido a la escasa participación ciudadana y a las demandas pendientes del presupuesto participativo. Según sus declaraciones, el alcalde decidió continuar con la actividad en las instalaciones de la municipalidad.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la construcción de un puente carrozable en el sector Mallquitira, cuyo presupuesto inicial habría sido de aproximadamente S/ 680 mil durante la gestión anterior. Los dirigentes sostienen que la obra sigue inconclusa y que, durante el reciente informe económico, se indicó que quedarían S/ 250 mil destinados al proyecto. También señalaron que aún estarían pendientes trabajos en los estribos y la plataforma, pese a que parte de la estructura metálica permanece en la zona desde hace aproximadamente un año.
Asimismo, las autoridades solicitaron esclarecer la contratación de una excavadora que, según denunciaron, habría sido alquilada por más de S/ 300 mil para trabajos vinculados al puente. Pidieron que se informe sobre el periodo de alquiler, las labores realizadas y el destino de la maquinaria, pues afirmaron que posteriormente habría sido vista en actividades relacionadas con la minería. Estas versiones requieren ser verificadas con la documentación correspondiente.
Otro reclamo se refiere al mantenimiento de la carretera Masiapo–Pampa Yanamayo. Los tenientes gobernadores de Santiago Quebrada y de la comunidad campesina de Chunchusmayo señalaron que la vía no habría recibido la atención necesaria en sectores como Santiago Pampa, Llinquipata, Pacaysuizo, Santa Rosa, Miska, Buena Vista y Ch’illcayoq. Según indicaron, durante las actividades por el aniversario distrital, en septiembre, solicitaron maquinaria para mejorar la carretera, pero sus pedidos no habrían sido atendidos oportunamente. También expresaron su malestar por lo que consideran una falta de atención al valle.
Ante estos cuestionamientos, los dirigentes pidieron la intervención de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Subprefectura para que verifiquen la ejecución de las obras, el manejo presupuestal y las contrataciones de maquinaria. Además, manifestaron su preocupación por el debilitamiento de organizaciones sociales, como la federación campesina y las rondas campesinas, que —según sostienen— dificulta la fiscalización de la gestión municipal.
Las presuntas irregularidades señaladas por las autoridades y los pobladores deberán ser contrastadas con la documentación oficial y, de corresponder, investigadas por los organismos competentes. No se incluyen en la información proporcionada descargos del alcalde Leo Calsina Álvarez ni de los funcionarios municipales cuestionados.
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