Un nuevo pronunciamiento de organizaciones campesinas del distrito de Maranganí plantea otra versión sobre los hechos registrados el pasado 15 de agosto en el sector de Pampakuchu–Quenamari, zona vinculada al proceso de delimitación territorial entre Cusco y Puno.
La Ronda Campesina Base Túpac Amaru y la Asociación de Propietarios, Parceleros y Criadores de Camélidos Sudamericanos Siriri–Quenamari, ambas de Maranganí, denunciaron una presunta intromisión territorial por parte de dirigentes e integrantes de la Central Distrital de Rondas Campesinas (CEDROCAN) de Nuñoa, provincia de Melgar.
Según el pronunciamiento, integrantes de la organización rondera puneña habrían ingresado de manera intempestiva al sector, donde se produjeron presuntas agresiones verbales y actos que las organizaciones cusqueñas calificaron de humillantes contra la dirigente Martha Tapara Cahuana. Asimismo, denunciaron la sustracción del cuaderno de control de la garita instalada en la zona.
La denuncia se conoce días después de que medios de comunicación difundieran la versión de las rondas campesinas de Nuñoa respecto a la misma jornada del 15 de agosto.
Sobre el desconocimiento, por parte de rondas de Nuñoa, de acuerdos que se habrían adoptado en una reunión realizada en Pampakucho.
El nuevo pronunciamiento de las organizaciones de Maranganí presenta, por tanto, un ángulo diferente del conflicto al sostener que el problema no se limitaría a los acuerdos de una reunión, sino que estaría relacionado con el ingreso de ronderos de Nuñoa a un espacio cuya pertenencia territorial continúa siendo materia de delimitación entre ambas regiones.
Las organizaciones cusqueñas sostienen que estos hechos generan preocupación debido a la sensibilidad del territorio en disputa y advierten que cualquier intervención unilateral podría incrementar la tensión entre las poblaciones vecinas.
Frente a lo ocurrido, la Ronda Campesina Base Túpac Amaru y la Asociación Siriri–Quenamari exigieron a la CEDROCAN Nuñoa ofrecer disculpas públicas por los hechos denunciados.
Asimismo, solicitaron la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los gobiernos regionales, las prefecturas y la Fiscalía de Prevención del Delito de Puno, a fin de evitar que el conflicto territorial derive en nuevos enfrentamientos.
Las organizaciones de Maranganí también plantearon la necesidad de establecer un pacto de no agresión entre las organizaciones campesinas y ronderas de ambos lados, como mecanismo para prevenir nuevos incidentes mientras continúa el proceso de delimitación territorial.
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