La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) ya solicitó una ampliación por otros tres años, mientras que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó extenderlo hasta que se apruebe la nueva Ley MAPE.
La decisión pasará primero por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida hasta 2027 por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), y luego por la comisión equivalente del Senado.
Dentro del grupo de trabajo de los diputados, la representación de Puno tiene un caso singular: Helard Bladimir Sonco Villanueva (Ahora Nación), mantuvo hasta antes de asumir el cargo una inscripción vigente en el Reinfo a través de su empresa Señor de Ayabacas E.I.R.L., registrada en Sandia, Puno.
La empresa inició actividades en junio de 2025, figura con baja de oficio en la Sunat desde febrero de 2026 y su inscripción en el Reinfo aparece hoy como suspendida. En días recientes, el legislador recibió en su despacho a representantes de mineros informales de Sandia con inscripciones vigentes en el registro.
Sonco integra, junto con Jesús Pérez Alccahuamán (Juntos por el Perú) y Gloria Hirache Pizarro (Partido del Buen Gobierno), el grupo de tres legisladores de la comisión identificados con vínculos directos al Reinfo.
El caso se enmarca en un panorama más amplio dentro de las comisiones que definirán el futuro del registro.
En el Senado, Jaime Quito (Juntos por el Perú) votó a favor de una ampliación anterior; Juver Flores (Partido del Buen Gobierno) ha asesorado a organizaciones mineras en proceso de formalización, aunque adelantó que no respaldará una nueva extensión y Víctor Flores (Fuerza Popular) se ha pronunciado a favor de flexibilizar la normativa para la minería informal.
En contraste, Ruth Luque (Ahora Nación), Karla Schaefer (Fuerza Popular) y Francisco Giampietri (Renovación Popular) han manifestado su oposición a nuevas prórrogas.
Especialistas como el abogado ambientalista César Ipenza advierten que una nueva ampliación del Reinfo prolongaría un problema no resuelto: el registro, con 24 años de vigencia, permite continuar operaciones mineras sin verificar el cumplimiento de las obligaciones exigidas ni contrastar la producción declarada con lo efectivamente comercializado.
La decisión final quedará en manos de comisiones donde coexisten posiciones diversas, y donde la representación de Puno refleja la misma tensión que atraviesa al resto del Congreso frente al futuro de la formalización minera.
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