La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización total del servicio de transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, en protesta por la creciente inseguridad que afecta a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros.
El gremio sostiene que, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo y las propuestas presentadas al Gobierno, hasta el momento no ha recibido una respuesta concreta frente a la crisis de extorsiones y asesinatos.
A través de un comunicado, los transportistas señalaron que han solicitado en varias oportunidades una audiencia con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para abordar la situación que atraviesa el sector. Según indicaron, el silencio del Ejecutivo y la falta de una política pública articulada para enfrentar el cobro de cupos motivaron la decisión de convocar a esta medida de fuerza.
Los dirigentes advirtieron que la violencia se ha intensificado durante agosto con una serie de ataques contra trabajadores del volante y pasajeros. Como uno de los casos más graves, mencionaron el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien murió tras recibir impactos de bala el pasado 6 de agosto en Los Olivos. Para el gremio, estos hechos evidencian que la criminalidad ya no afecta únicamente a conductores y cobradores, sino también a los responsables de las empresas.
Frente a esta situación, los transportistas recordaron que anteriormente presentaron un pliego de propuestas para reforzar la seguridad. Entre sus pedidos figuran el fortalecimiento de unidades policiales especializadas, un mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios y la presencia permanente de agentes en los paraderos considerados de alto riesgo. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no han recibido una respuesta formal sobre la evaluación o implementación de estas medidas.
El gremio precisó que la paralización del 25 de agosto no tiene carácter definitivo y podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede, antes de esa fecha, la audiencia solicitada. Los representantes aseguraron que mantienen su disposición al diálogo y plantearon la instalación de una mesa de trabajo que permita establecer compromisos concretos y resultados verificables para enfrentar la inseguridad que golpea al transporte urbano.
Finalmente, los dirigentes pidieron comprensión a los usuarios de Lima y Callao y aseguraron que la medida será pacífica. Sostuvieron que su reclamo no busca privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para desarrollar sus actividades. La jornada del 25 de agosto podría generar una paralización masiva del transporte urbano si el Gobierno no atiende el pedido de reunión y no plantea una respuesta concreta a las demandas del sector.
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