La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que plantea incorporar al Código Penal una nueva figura de “apología al delito agravado” para situaciones de crisis política o conflictos sociales. La iniciativa propone sancionar a quienes, mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros espacios de difusión, promuevan, alienten o legitimen actos que puedan afectar la vida, la integridad física, la seguridad ciudadana o el patrimonio.
El proyecto, de autoría del diputado Aldo Bravo, plantea penas de cuatro a seis años de prisión para quienes incurran en estas conductas. La propuesta alcanzaría a funcionarios públicos, dirigentes políticos o sociales, líderes de opinión, comunicadores, periodistas, creadores de contenido, influencers y cualquier persona con capacidad de convocatoria pública. En el caso de funcionarios o servidores públicos, también se contempla la inhabilitación.
Bravo sostuvo que la iniciativa no busca restringir la libertad de expresión, sino establecer límites frente a mensajes que, según explicó, puedan incentivar la violencia o la comisión de delitos durante escenarios de crisis. Como ejemplo, señaló que existe una diferencia entre convocar a una manifestación y promover públicamente acciones violentas contra instituciones o personas.
El parlamentario reconoció que la propuesta también contempla a periodistas y comunicadores, aunque afirmó que el objetivo no es penalizar su labor informativa. Según la exposición de motivos, el proyecto busca prevenir escenarios de violencia y proteger la vida, la integridad física, la seguridad ciudadana y el patrimonio público y privado.
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