La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, a quien atribuye los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos, por su supuesta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La disposición fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y confirmada por una fuente cercana al exmandatario.
Según la investigación, las movilizaciones provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 fallecidos y ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
Morales rechaza las acusaciones y sostiene que las protestas buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores movilizados. El exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, donde también enfrenta otra orden de captura por un proceso de presunta trata agravada de personas.
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