Familiares de víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori y de las protestas sociales ocurridas durante los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí anunciaron movilizaciones para los días 27 y 28 de julio, fechas en las que se realizará la juramentación del nuevo gobierno encabezado por Keiko Fujimori.
El anuncio fue realizado este martes durante una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en el Colegio de Abogados de Lima. Los participantes expresaron su rechazo a la reciente norma promulgada por el Congreso, conocida por sus críticos como la “ley de impunidad”, al considerar que podría favorecer a policías y militares investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Milagros Samillán, representante de familiares de víctimas de las protestas de 2023, señaló que las organizaciones no reconocen la legitimidad del nuevo gobierno y exigió justicia para los fallecidos durante las manifestaciones. En la misma línea, Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar de víctimas del caso La Cantuta, afirmó que la nueva administración representa la continuidad de un proyecto político que, según indicó, ha buscado debilitar las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos.
Durante la conferencia también participó Rosa Lampa Buendía, representante de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas durante la década de 1990, quien reclamó reparación y atención del Estado. Asimismo, Roger Ruíz, padre del artista Eduardo Ruíz “Trvko”, fallecido durante el gobierno de José Jerí, denunció la falta de avances en la investigación del caso y pidió que sea asumido por la Fiscalía de Derechos Humanos.
Las organizaciones anunciaron que las protestas se concentrarán en Lima y otras regiones del país durante las celebraciones de Fiestas Patrias. Hasta el cierre de esta edición, el entorno de Keiko Fujimori no había emitido un pronunciamiento específico sobre la convocatoria de estas movilizaciones.
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