El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que establece que los policías y militares investigados por presuntos delitos de función sean procesados por la jurisdicción militar policial y no por la justicia ordinaria.
La decisión se produjo luego de que el presidente José María Balcázar no observara ni promulgara la autógrafa dentro del plazo establecido por la Constitución.
La norma señala que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el cumplimiento de sus funciones, especialmente en estados de emergencia, serán considerados delitos de función y establece que no podrán existir procesos paralelos en la justicia ordinaria y la militar por un mismo hecho.
La promulgación ha generado cuestionamientos de diversos sectores, que advierten un posible impacto en las investigaciones por presuntas vulneraciones de derechos humanos y otros casos de abuso atribuidos a agentes del Estado.
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