Un sorpresivo y fuerte contingente policial amaneció custodiando las puertas de acceso de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, impidiendo el ingreso de los trabajadores y resguardando un aparente e intempestivo traslado de las oficinas. La drástica medida afectó no solo la sede principal de la institución, sino también los accesos estratégicos por el jirón José Antonio Encinas y el sector Metropolitano, los cuales lucían completamente bloqueados por las fuerzas del orden y con comunicados improvisados pegados en las puertas de ingreso.
Denuncian presunto abuso de la gestión regional
Los servidores de la Diresa expresaron su profunda indignación ante lo que calificaron como un «abuso de autoridad» por parte del gobernador regional de Puno. En declaraciones a la prensa, los manifestantes denunciaron que nunca recibieron una notificación previa ni un documento oficial que justificara esta repentina intervención. «Nos dimos con la sorpresa de que todo ya estaba cerrado y con contingente policial», manifestaron con desconcierto ante el bloqueo de sus puestos de labores de manera unilateral.
Traslado clandestino y sin transparencia
A pesar de que fuentes internas revelaron la existencia de un memorándum que ordenaría el traslado de la sede, este documento jamás fue remitido formalmente a los trabajadores ni al Sindicato Unificado de Trabajadores del Sector Salud (Sutress). La dirigencia sindical y el personal administrativo cuestionaron severamente la validez de este proceso, argumentando que realizar una mudanza «a puertas cerradas» y bajo custodia policial vulnera sus derechos laborales y demuestra una alarmante falta de transparencia por parte de las autoridades regionales.
Alerta por pérdida de patrimonio y objetos personales
Además de la incertidumbre laboral, los trabajadores mostraron una enorme preocupación por la seguridad de los bienes patrimoniales de la institución y sus pertenencias personales, las cuales quedaron atrapadas dentro de los ambientes clausurados bajo llave. Ante esta situación, el personal afectado exigió la presencia inmediata de representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para garantizar que no se vulneren sus derechos ni se extravíe documentación clave del sector salud, en medio de un clima de alta tensión que mantiene en vilo a la región.
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