En el 2025, la región Puno registró 20 conflictos sociales, de los cuales 17 permanecen activos y 3 latentes, ubicándose como la segunda región con mayor conflictividad social del país, según la Defensoría del Pueblo.
MINERÍA ILEGAL
La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, señaló que la mayoría están relacionados con la minería ilegal, problemas de demarcación territorial y disputas socioambientales, principalmente en la zona norte de la región.
La funcionaria explicó que los casos más complejos se concentran en provincias como Carabaya y en sectores como La Rinconada y Lunar de Oro, donde la minería ilegal genera disputas por el control de recursos y está vinculada a delitos como trata de personas, extorsión y tenencia ilegal de armas.
Como ejemplo, mencionó los enfrentamientos recientes entre Coasa y Limbani, donde varias personas resultaron heridas por conflictos asociados a la actividad minera.
AGOTAN DIÁLOGO
Cáceres Ortega precisó que la Defensoría del Pueblo cumple un rol de mediación mediante la generación de espacios de diálogo; no obstante, advirtió que sus intervenciones no son vinculantes y que la limitada presencia estatal, junto con la falta de recursos y capacidad operativa, dificulta la resolución de estos conflictos.
A NIVEL NACIONAL
Según el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo, se han identificado nuevos conflictos socioambientales relacionados con la minería ilegal en diversas regiones del país.
Aunque actualmente se registran seis casos, la institución advierte que estos evidencian un nuevo escenario de conflictividad, en el que comunidades campesinas, pueblos indígenas y organizaciones sociales demandan la protección de sus territorios y fuentes de agua frente al avance de actividades extractivas ilegales.
Los casos reportados corresponden a regiones como Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Loreto y Madre de Dios, donde pobladores exigen la paralización de operaciones mineras ilegales por sus impactos ambientales, sociales y de seguridad.
La Defensoría también alertó que varias disputas no llegan a ser registradas oficialmente, lo que mantiene una parte de esta problemática fuera del radar del Estado.
La institución señaló que, a diferencia de los conflictos tradicionales, las comunidades ya no solo enfrentan a empresas formales, sino también a organizaciones de mineros ilegales, operadores de plantas de beneficio, transportistas y redes económicas que operan al margen de la ley.
Esta situación complica la intervención estatal debido a la falta de actores claramente identificados y al aumento de la violencia asociada al crimen organizado.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró la importancia de fortalecer la presencia del Estado en las zonas críticas, prevenir el escalamiento de la violencia y atender oportunamente los conflictos para garantizar la protección de los derechos de las poblaciones afectadas.
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