El expresidente Pedro Castillo solicitó su liberación luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas recomendara al Estado peruano disponer su excarcelación y evaluar una indemnización a su favor.
Desde el penal de Barbadillo, sostuvo que su detención fue arbitraria y afirmó que su encarcelamiento «nunca tuvo justificación», al considerar que se vulneraron sus derechos durante el proceso seguido en su contra.
Castillo exhortó a las autoridades nacionales y a los organismos de derechos humanos a cumplir con la recomendación del organismo internacional.
Sin embargo, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló que dicho pronunciamiento no es vinculante para el Estado peruano y que corresponde a las autoridades nacionales evaluar su aplicación conforme al ordenamiento jurídico vigente.
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