El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) declaró arbitraria la detención del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata, así como la concesión de una indemnización.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, indica el fallo.
Solicita, además, una “investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria” y que se adopten medidas pertinentes contra “los responsables de la violación de derechos”.
El GTDA remarcó que el escolta declaró haber recibido “una llamada del Director de Seguridad del Estado ordenándole detener al Presidente por presunta comisión flagrante de los delitos de rebelión, violación de la Constitución y abuso de autoridad”. En ese contexto, el exgobernante fue trasladado a una sede policial y presentado ante la fiscal de la Nación de entonces, Patricia Benavides.
“No existe en la Constitución la figura delictual de ‘flagrancia’ para el Jefe de Estado, pues es necesario antes de detenerlo iniciar un proceso para cumplir con el levantamiento de la inmunidad que le concede su alto cargo”, agregó el grupo.
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