Arequipa: Mesas técnicas para abordar el regreso del pasaje a 1 sol

Arequipa: Mesas técnicas para abordar el regreso del pasaje a 1 sol

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La controversia por el precio del pasaje urbano en Arequipa continuará el próximo 26 de junio, fecha en la que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transporte (SIT) volverán a reunirse en una mesa técnica para analizar la situación de la tarifa.

Mientras la comuna sostiene que el pasaje debería retornar a S/1.00 desde el 24 de septiembre, los operadores insisten en mantener el cobro de S/1.30, y no descartan acudir a un arbitraje.

La nueva reunión fue acordada durante el primer encuentro público entre representantes municipales y transportistas. Según el equipo técnico de la MPA, el incremento tarifario aprobado mediante un acta suscrita el 24 de marzo tuvo carácter temporal y una vigencia de seis meses. Bajo esa interpretación, el acuerdo perdería efecto en setiembre y la tarifa volvería a su valor original.

Los concesionarios rechazaron esta posición y defendieron la legalidad del incremento. Luis Miguel Carpio, asesor legal de las empresas Emarsitran y Bus Characato, aseguró que el pasaje continuará en S/1.30 mientras no exista una resolución definitiva sobre el pedido de nulidad del acta que autorizó el incremento. Además, indicó que las empresas ya presentaron una propuesta de adenda y que corresponde a la municipalidad continuar con el trámite.

El representante legal también cuestionó los anuncios sobre una eventual reducción del pasaje, al considerar que generan incertidumbre entre usuarios y operadores. Asimismo, sostuvo que las empresas han cumplido con sus obligaciones contractuales y reiteró que el arbitraje sigue siendo una alternativa si no se alcanza una solución mediante diálogo.

Además del debate sobre la tarifa, la mesa técnica abordará otros problemas que afectan al transporte urbano en Arequipa. Entre ellos figura el crecimiento del transporte informal, conocido como “loncheritas”, situación que los concesionarios consideran una competencia desleal y una amenaza para la sostenibilidad económica del sistema formal.

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