La Comisión Permanente del Congreso archivó de manera definitiva una denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros por las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
La medida se adoptó luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declarara improcedente el informe, argumentando que ya existían denuncias anteriores sobre los mismos hechos que fueron archivadas durante el mismo período legislativo.
La acusación había sido formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien atribuyó a Boluarte presuntas responsabilidades por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
La decisión generó críticas de organizaciones de derechos humanos, que consideran que el archivamiento limita el acceso a la justicia para las víctimas de las protestas.
En contraste, desde el Congreso se sostuvo que la medida responde al cumplimiento de las normas parlamentarias y que no correspondía reabrir un caso previamente rechazado.
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