El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la ley 1732, la cual establece la anulación total de la Ley 1341 que regulaba y ponía estrictas condiciones a la declaratoria de los estados de excepción. La norma derogada, que fuera aprobada originalmente en el año 2020 durante la gestión interina de Jeanine Áñez, limitaba la medida a un máximo de 60 días y le otorgaba al Legislativo la facultad de modificarla o finalizarla en cualquier momento.
Al respecto, el presidente del Senado y aliado del Gobierno, Diego Ávila, justificó la polémica decisión al señalar de manera contundente sobre los candados legales que mantenía la norma anterior: “Es una ley que ponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de lograr pacificar el país y el entendimiento entre los bolivianos”.
Esta drástica decisión jurídica se produce en un escenario de extrema asfixia social, coincidiendo con el inicio de la cuarta semana consecutiva de bloqueos de carreteras que mantienen cercada a la sede de Gobierno. Las masivas movilizaciones, impulsadas por campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales, exigen la dimisión del primer mandatario y ya provocan un severo desabastecimiento de carburantes y alimentos en seis departamentos.
Especialistas en la materia advierten que el panorama político boliviano está ingresando a una fase de definiciones definitivas que podría trasladar el conflicto de las mesas de negociación a las calles.
Analistas como Carlos Saavedra señalan que el desgaste del diálogo sugiere que el Ejecutivo prepara el terreno para decretar un estado de excepción, lo que implicaría un choque directo entre los manifestantes y el orden público.
¿Qué límites establece la Constitución de Bolivia para los estados de excepción?
A pesar de la eliminación de la ley regulatoria del 2020, la Constitución Política del Estado mantiene un marco de garantías básicas para evitar abusos de poder durante las crisis civiles. La Carta Magna boliviana determina de manera explícita que la declaratoria de un estado de excepción es una competencia exclusiva del presidente, pero prohíbe tajantemente la suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos o la emisión de más de una medida de esta naturaleza dentro del mismo año fiscal.
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