El Poder Judicial programó para el próximo jueves 28 de mayo el juicio en flagrancia contra la mujer ebria que atropelló y causó la posterior muerte de vigilante en Trujillo.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad será el encargado de desarrollar la audiencia.
La sesión judicial en la que se busca la reclusión de Maricsa Alfaro Cerna iniciará desde las 10:00 a. m.
Requerimiento de Fiscalía
La Fiscalía investiga a Alfaro Cerna por el delito de lesiones culposas, no obstante, existe un requerimiento fiscal para variar el tipo penal a homicidio culposo.
Por el atropello y la posteriormente muerte del vigilante identificado como Juan Martínez Torres, el Ministerio Público solicitó una condena cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad.
También solicitaron la inhabilitación definitiva para conducir, así como el pago de una reparación civil que supera los S/329 280 en favor de los herederos de la víctima mortal.
Caso conmocionó a Trujillo
El pasado domingo 3 de mayo, en horas de la noche, Maricsa Alfaro embistió su vehículo contra Juan Martínez, quien venía cumpliendo sus labores de vigilancia en la urbanización Las Palmas de El Golf, en Trujillo.
El lamentable hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, las cuales fueron clave para la acusación fiscal.
Tras ser arrollado, el hombre permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ante las graves heridas, pero el 8 de mayo falleció.
En medio del proceso judicial, la familia denunció varias irregularidades, empezando por el parte policial, el cual indicaba que el vigilante cayó desde lo alto.
Versión que quedó desacreditada por las imágenes de la cámara de vigilancia.
Asimismo, los parientes denunciaron que familia de la mujer, quien resultó positivo en el dosaje etílico, intentó llegar a un ‘acuerdo’ con ellos para no continuar con la denuncia.
Pese a la gravedad del caso y la flagrancia, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva, dejándola en libertad tras permanecer 48 horas detenida.
Esto generó la indignación no solo de los deudos, también de la ciudadanía, cuestionando la labor del fiscal a cargo de la acusación.
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