Bolivia atraviesa una creciente ola de conflictividad social luego de que al menos siete sectores iniciaran protestas que han puesto en jaque al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de haber asumido el poder.
La jornada más violenta se registró el 14 de mayo en La Paz, donde manifestantes protagonizaron enfrentamientos con fuerzas antimotines en las inmediaciones del palacio de Gobierno. Durante las protestas, mineros detonaron pequeñas cargas de dinamita y se levantaron barricadas, mientras las consignas pasaron de demandas laborales a exigir la renuncia del mandatario.
El conflicto se originó a finales de abril con bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones indígenas y campesinas, que inicialmente demandaban la anulación de la Ley 1720 sobre la hipoteca de tierras. Aunque la norma fue derogada por el Ejecutivo, las protestas escalaron y sumaron nuevas exigencias.
A las movilizaciones se han unido la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos de transporte, maestros urbanos y rurales, cooperativas mineras y seguidores del expresidente Evo Morales, ampliando el frente de presión contra el Gobierno.
Entre los reclamos destacan incrementos salariales, rechazo a proyectos de ley considerados restrictivos y demandas por la escasez de combustible, en medio de una crisis económica que el Ejecutivo reconoce como limitante para atender algunas exigencias.
La ministra de Salud, Marcela Flores, denunció que los bloqueos han tenido consecuencias graves, incluyendo la muerte de dos personas que no pudieron acceder a atención médica oportuna. Además, alertó que ambulancias, pacientes críticos e insumos médicos, como oxígeno, han quedado varados por los cortes de vías.
La escalada de protestas refleja un escenario de alta tensión política y social en Bolivia, donde diversos sectores han intensificado sus medidas de presión y mantienen en vilo la estabilidad del Gobierno.
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