Un informe de observación electoral de la Asociación Civil Transparencia concluyó que no hubo fraude electoral en las elecciones generales realizadas el 12 y 13 de abril de 2026. Sin embargo, el documento advierte serias fallas logísticas, principalmente en Lima Metropolitana, que afectaron el desarrollo de la jornada.
El reporte se elaboró con el despliegue de cerca de 5,000 voluntarios en 25 regiones del país, quienes monitorearon todo el proceso, desde la instalación de mesas hasta el conteo de votos. Entre sus principales hallazgos, se destaca que no se encontró evidencia de manipulación de resultados ni alteración de la voluntad popular, lo que respalda la legitimidad de los comicios.
Además, el conteo rápido independiente, realizado con apoyo de Ipsos y el National Democratic Institute, coincidió con los resultados oficiales con alto nivel de precisión, en línea con lo señalado por el Jurado Nacional de Elecciones, que rechazó los pedidos de nulidad.
No obstante, el informe identifica que Lima concentró los mayores problemas logísticos, especialmente por la entrega tardía de material electoral. Esto provocó retrasos en la instalación de mesas: a las 9:00 a. m., solo el 71.3% estaba operativo en la capital, frente al 97.7% en regiones, generando largas colas y malestar ciudadano.
Ante esta situación, las autoridades ampliaron el horario de votación e incluso permitieron sufragar al día siguiente en algunos locales, beneficiando a más de 55,000 electores.
Otro punto crítico fue la implementación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que presentó fallas técnicas y problemas de capacitación. El informe respalda su retiro para la segunda vuelta, al considerar que generó más dificultades que beneficios.
Asimismo, se advierte que la falta de comunicación clara por parte de organismos electorales contribuyó a la desinformación y a las dudas en la ciudadanía. Este escenario se vio agravado tras la renuncia del jefe de la ONPE el pasado 21 de abril.
Finalmente, Transparencia plantea recomendaciones para la segunda vuelta, como mejorar la comunicación oficial, reforzar la capacitación del personal, optimizar la logística electoral y garantizar mayor transparencia tecnológica, además de exhortar a actores políticos y medios a evitar difundir versiones sin sustento sobre fraude electoral.
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