A más de dos décadas del ‘Andahuaylazo’, la controversia rodea nuevamente a Antauro Humala. El líder etnocacerista, sentenciado por el asesinato de cuatro policías durante el levantamiento en el 2005, tiene una deuda millonaria con los familiares de las víctimas.
A pesar de haber recuperado su libertad tras 17 años y 7 meses de prisión, los deudos aseguran que el exmilitar no ha pagado “ni un sol” de la reparación civil fijada por la justicia peruana.
La cifra total de la indemnización asciende a un millón 200 mil soles, monto que debe distribuirse entregando 280 mil soles a cada familia afectada.
Sin embargo, el padre del policía asesinado Carlos Cahuana, Adolfo Cahuana, denunció que hasta la fecha el sentenciado se niega a cumplir con el mandato judicial. Esta situación ha generado un prolongado “vía crucis” legal en el 45 Juzgado Penal de Lima, donde el caso continúa sin resolverse para los afectados.
Ante las consultas sobre el cumplimiento de este pago, Humala ha respondido con evasivas y cuestionamientos a la sentencia.
En declaraciones a ‘ContraCorriente’, el hermano del expresidente Ollanta Humala indicó irónicamente que pagará “el 14 de diciembre de 2028 a las 3:00 p.m”. Además, ha rechazado cualquier responsabilidad económica directa, alegando que “al Estado no se le debe nada” y sugiriendo que otros actores deberían asumir dicha carga financiera.
Revelaciones del Andahuaylazo
El comandante Miguel Ángel Canga, exjefe de la comisaría de Andahuaylas y uno de los 21 policías secuestrados en 2005, desmintió las versiones de Humala sobre los hechos.
Mientras el sentenciado atribuye las muertes a operativos militares, Canga asegura que el Ejército llegó a la zona un día después de los asesinatos. Según el oficial, Humala se adjudicó inicialmente la autoría de las bajas policiales durante el asalto.
“Hemos dado muerte a cuatro perros sirvientes del Estado”, es lo que Canga reveló que dijo Antauro tras la muerte de estos agentes policiales.
Finalmente, los deudos critican el proceso de liberación de Humala ocurrido el 20 de agosto de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.
Denuncian que se le otorgó la libertad mediante una cuestionada redención de pena sin haber cumplido con el pago reparatorio a los familiares de los fallecidos ni a los policías secuestrados, quienes también esperan justicia económica.
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