La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó cubrir la defensa legal de su jefe institucional, Piero Corvetto, en el marco de la investigación fiscal que lo vincula a la adjudicación del contrato de distribución de material electoral a la empresa Servicios Generales Galaga. El caso está bajo la hipótesis de presunta colusión y comprende el servicio valorizado en S/6 millones 300 mil.
La medida fue adoptada mientras el titular de la ONPE debía rendir declaración este viernes ante el Ministerio Público en calidad de testigo. Sin embargo, solicitó la reprogramación de la diligencia y pidió que esta se realice de manera virtual, con la participación de su abogado. La resolución interna invoca la Ley del Servicio Civil, que permite a funcionarios públicos contar con defensa legal financiada por la entidad en procesos penales o administrativos.
La investigación fiscal se centra en determinar si hubo irregularidades en la adjudicación del contrato a la empresa Galaga, luego de que se reportaran retrasos en la entrega de material electoral durante los comicios del 12 de abril. Según la indagación, actas y padrones no llegaron a tiempo a varios locales de votación en el sur de Lima, lo que generó cuestionamientos sobre el proceso logístico.
Desde la ONPE se responsabilizó a la empresa contratista por los retrasos, mientras que la defensa de Galaga atribuyó los problemas a la gestión interna del organismo electoral. En ese contexto, se busca establecer el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados en la cadena de supervisión del reparto del material electoral.
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