Una nueva controversia rodea a la ONPE tras revelarse un contrato por más de 144 millones de soles con el Consorcio Procesos Electorales CSA, empresa creada en noviembre de 2025 y sin trabajadores registrados en Sunat, para la habilitación, acondicionamiento y logística informática de los comicios.
La gerenta general del consorcio, María Eugenia Sauri Parra, también lidera Sonda del Perú, empresa sancionada dos veces por el Tribunal de Contrataciones por información inexacta.
Sonda defendió su trayectoria de más de 40 años en Perú y señaló que su servicio se limita a centros de cómputo, no a lugares de votación.
En un análisis, se criticó la falta de transparencia y señalaron prácticas de “empresas paralelas” para eludir sanciones.
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