El Gobierno Regional de Puno (GRP) recibirá más de S/ 64 millones por canon y regalías mineras en el 2026, un monto menor frente a otras regiones del país y que limita el financiamiento de obras públicas.
Este contexto local refleja un problema mayor: las iniciativas del Congreso para modificar el régimen de concesiones mineras podrían agravar aún más la disponibilidad de estos recursos, poniendo en riesgo la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo en regiones como Puno.
Los recursos del canon en Puno provienen principalmente de empresas como Minsur y de la mediana y pequeña minería. Sin embargo, la menor actividad extractiva en comparación con regiones como Arequipa, Moquegua o Áncash hace que la recaudación sea limitada.
Por ello, el GRP priorizará la ejecución de recursos ordinarios y estudios de preinversión, mientras parte del presupuesto total que asciende a S/ 787 millones de soles se complementa con fondos como el Foncor para equilibrar brechas.
A nivel nacional, el Ministerio de Energía y Minas del Perú reportó que en 2025 las transferencias por canon, regalías y otros conceptos superaron los S/ 10,045 millones de soles, de los cuales más de S/ 6,992 millones provinieron del canon. Estos recursos financian carreteras, hospitales, colegios y sistemas de agua, y en algunas regiones representan hasta el 75 % de su presupuesto.
Sin embargo, los cambios propuestos por la Comisión de Energía y Minas del Congreso como acortar plazos de concesiones, elevar penalidades y encarecer los proyectos podrían desincentivar la inversión minera.
Según el Instituto Peruano de Economía, el desarrollo de un proyecto minero puede tomar hasta 45 años desde su descubrimiento hasta su producción, y los tiempos se han duplicado en las últimas décadas debido a trabas administrativas y altos costos.
Este escenario es clave: sin nuevos proyectos en producción no hay impuesto a la renta, sin impuesto no hay canon, y sin canon se reducen las obras públicas.
En regiones con menor recaudación como Puno, cualquier caída en la inversión minera tendría un impacto más severo, limitando aún más la construcción de infraestructura básica y el desarrollo regional en los próximos años.
La reducción de canon minero para este año, también afecta a los municipios, lo que del mismo modo, tendrán que postergar obras sociales planificadas.
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