El retraso en la entrega de material electoral durante las elecciones generales 2026 sigue generando tensiones. La empresa Servicios Generales Galaga, encargada del transporte logístico, exigió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que se rectifique y ofrezca disculpas públicas por afectar su imagen institucional.
La controversia surge luego de que 13 colegios no pudieran abrir sus mesas de sufragio el domingo 12 de abril. De forma excepcional, estos centros fueron habilitados un día después, el lunes 13, para garantizar el derecho al voto.
Galaga respondió a los cuestionamientos asegurando que cumplió con los términos del contrato. Según la empresa, el servicio fue ejecutado conforme a los cronogramas establecidos por la ONPE y dependía de la coordinación logística de la propia entidad.
“La demora no responde a incumplimientos contractuales, sino a factores ajenos a nuestra operación”, indicó la compañía en un comunicado. Además, rechazó que se le atribuya toda la responsabilidad, señalando que el proceso involucra a múltiples actores.
El conflicto escaló tras las declaraciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien responsabilizó directamente a la empresa por los retrasos. Galaga sostuvo que dichas afirmaciones dañaron su reputación sin una evaluación completa de los hechos.
Por ello, la compañía pidió formalmente que la ONPE emita aclaraciones y disculpas públicas. También informó que entregó documentación a la Dirección Contra la Corrupción, en presencia del Ministerio Público, para colaborar con las investigaciones.
Observaciones de Contraloría
En paralelo, la Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias en la contratación de Galaga. Durante una visita de control, detectó que la empresa no acreditó que sus conductores cumplieran con la experiencia mínima exigida.
El informe señala riesgos en la operatividad del transporte, así como la subcontratación de unidades que no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato.
Millonarios contratos y antecedentes
Pese a estas observaciones, Galaga acumuló contratos con el Estado por más de S/36 millones. La empresa ya había sido sancionada por la ONPE con S/64.000 por incumplimientos previos.
Además, a solo una semana de las elecciones, realizó una convocatoria para conseguir 400 camiones destinados al traslado del material electoral, lo que evidencia posibles problemas de planificación.
Mientras tanto, la ONPE activó un plan de contingencia para mitigar el impacto del retraso, principalmente en distritos del sur de Lima.
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