Un día como hoy, 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori anunció en cadena nacional una medida que marcaría un antes y un después en la historia política del país: la disolución del Congreso.
Con un mensaje firme y directo, recordado por muchos por la contundencia de su tono, Fujimori comunicó la instauración de un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que implicaba además la intervención del Poder Judicial, la suspensión de garantías constitucionales y el control total del Estado desde el Ejecutivo.
El hecho, que luego sería conocido como el autogolpe del 5 de abril, se produjo en medio de un contexto crítico: el avance del terrorismo de Sendero Luminoso, la crisis económica heredada de los años 80 y el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y un Congreso percibido como ineficiente.
Sin embargo, lo que no se anunció aquella noche fue un plan claro de retorno al orden democrático. Este proceso se daría posteriormente, en gran parte por presión de la comunidad internacional, que exigía institucionalidad en medio de las reformas económicas que el país venía implementando.
A más de tres décadas de ese episodio, el autogolpe sigue siendo motivo de debate. Para algunos, fue una decisión que permitió aplicar reformas urgentes en un momento límite; para otros, significó el debilitamiento de la democracia, la concentración del poder y el inicio de un periodo marcado por violaciones a los derechos humanos.
Hoy, el eco de aquella palabra “¡disolver!” no solo recuerda una ruptura institucional, sino también abre la reflexión sobre los límites del poder, el rol de las instituciones y la importancia de la participación ciudadana en la vida democrática del Perú.
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