En medio de la campaña electoral, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras y altera reglas que durante décadas definieron la estabilidad jurídica del sector.
Víctor Cutipa Ccama, presidente del grupo de trabajo y militante de Juntos por el Perú, aceleró su aprobación, agrupando nueve proyectos de ley que buscaban introducir cambios en ese régimen.
El dictamen recoge propuestas contenidas en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, quien ha defendido públicamente a los mineros informales.
En ese documento se plantea establecer la propiedad social de los medios de producción en la pequeña minería y la minería artesanal, mediante la organización de los trabajadores en cooperativas. En esa línea, se propone que las concesiones extinguidas pasen al control del Estado y sean entregadas a pequeños mineros asociados bajo ese modelo organizativo.
Sánchez plantea también reducir el plazo de caducidad de las concesiones, que actualmente puede extenderse hasta 30 años, a periodos de cuatro o cinco años. Sostiene que no deberían existir concesiones ociosas: aquellas que permanezcan sin actividad serían reasignadas a pequeños mineros y mineros artesanales organizados en cooperativas.
Pero el dictamen consolida iniciativas presentadas por Alejandro Muñante (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edwin Martínez (no agrupado), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre), entre otros.
Los cambios
El texto sustitutorio busca obligar a las empresas mineras a suscribir acuerdos de participación en beneficios con comunidades del área de influencia directa. Estos acuerdos podrían incluir aportes a fondos comunales, programas de empleo o incluso participación en instrumentos financieros.
Diversos especialistas advierten que, en la práctica, obligaría a transferir parte del patrimonio empresarial sin indemnización, lo que podría configurar una expropiación indirecta.
Otro cambio elimina el carácter irrevocable de las concesiones mineras. Hasta ahora, una concesión solo podía revertirse si el titular incumplía obligaciones específicas. Ahora se podría revocarla de forma discrecional y entregarlas a mineros ilegales.
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