La fiscal de Prevención del Delito, Cecilia Ampuero, advirtió que el incremento unilateral del pasaje urbano por parte de algunos transportistas podría configurar el delito de especulación, el cual es sancionado con penas de entre 4 y 8 años de prisión.
La representante del Ministerio Público explicó que esta situación se agrava debido a que Arequipa fue declarada en estado de emergencia energética por el presidente José María Balcázar, contexto en el que cualquier aumento injustificado del costo del transporte podría considerarse un aprovechamiento indebido de la crisis.
Asimismo, Ampuero señaló que el abandono de la prestación del servicio de transporte público también podría constituir el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, el cual contempla penas de entre 4 y 6 años de cárcel.
La fiscal indicó que el Ministerio Público viene monitoreando la situación del transporte en la ciudad y exhortó a las empresas del sector a no incrementar tarifas ni suspender sus rutas, ya que estas acciones podrían derivar en investigaciones penales.
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