Jessica Sadith Pérez Quispe, postula a diputada por el partido Juntos por el Perú, con el número 2 y entre sus propuestas está la lucha anticorrupción. Sin embargo, en el 2021 mientras prestaba servicios en el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), su empresa proveyó a esa entidad por casi S/ 20 mil.
Aquel año fue especialista en procesos administrativos y logísticos en la Unidad de Abastecimiento, y en ese mismo periodo era dueña de la empresa Corporación MARSAD S.A.C. Ella tenía el 50% de acciones y la otra mitad era de Marx Querón Carrizales Pinto; por ello el nombre de la empresa compartía sus nombres.
Información a la que accedimos da cuenta que el 28 de septiembre de 2021, Corporación MARSAD SAC se adjudicó la venta de bienes por un monto de S/ 17 mil 081,70 con la orden de compra N° 450-2021; y el 7 de diciembre del mismo año, con Orden de Compra N.° 638, vendió barro preparado por S/ 2 mil 280 al PEBLT.
Son Fronteras se contactó con la aludida candidata, quien admitió ser propietaria y socia de dicha proveedora. Eso también lo ha reconocido en su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Ella trató de deslindar responsabilidades alegando que no tuvo vínculo laboral con el PEBLT y que entonces solo prestaba servicios por terceros. «Yo estaba por terceros, no puedo favorecer, además no daba la conformidad. El residente o jefe de Meta da la conformidad; yo estuve por Locación de Servicios, no tuve esa competencia, se podría decir», expresó.
No obstante, en situaciones similares, la Contraloría ha determinado evidentes conflictos de interés.
Si bien su socio finiquitó las transacciones, ella tuvo pleno conocimiento, solo que apelaba a leguleyadas para soslayar la supuesta negociación incompatible.
Para el abogado Cristhian Palomino García, del Estudio Jurídico Vox Populi, ella fue funcionaria pública, no importa la modalidad laboral, por lo que además de lindar con los delitos, infringió el Código de Ética del Servidor Público.
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