El congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, anunció la presentación de una moción de vacancia contra el presidente José Jerí, a quien acusa de impulsar una supuesta «privatización encubierta de Petroperú« mediante el Decreto de Urgencia 010-2025. La iniciativa se suma a una ofensiva política que ya incluye nueve proyectos de ley orientados a derogar la norma.
El anuncio se realizó durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso, un espacio ajeno a los temas energéticos, lo que no pasó desapercibido entre observadores parlamentarios. Allí, Montalvo sostuvo que el decreto compromete la soberanía energética del país y justificó la vacancia en la “gravedad” de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Según el legislador, el Decreto de Urgencia 010-2025 establece una reorganización patrimonial de Petroperú que abriría la puerta a la participación privada en la empresa estatal. Para Montalvo, esta decisión pondría en riesgo “la única industria estratégica que tiene el Perú”
La moción fue comunicada poco después de que sectores de izquierda presentaran iniciativas legislativas para anular el decreto, en un escenario de alta confrontación política. Ante un grupo de docentes, Montalvo afirmó estar seguro de que la vacancia prosperará y aseguró contar con el respaldo de otros congresistas, aunque hasta el momento no se ha precisado cuántas firmas respaldan formalmente la propuesta.
Más allá del debate ideológico, el Decreto de Urgencia 010-2025 ha sido defendido por el Ejecutivo como una medida excepcional para garantizar la viabilidad financiera de Petroperú, una empresa que en los últimos años ha enfrentado serios problemas de gestión y sostenibilidad económica. En ese contexto, analistas advierten que bloquear cualquier intento de reorganización podría profundizar la crisis de la petrolera estatal.
Montalvo también adelantó que prepara una denuncia contra el ministro de Educación, ampliando un frente político que, para críticos del Parlamento, responde más a una estrategia de presión que a una evaluación técnica del impacto real del decreto.