A tres años de las muertes ocurridas en Juliaca, Macusani e Ilave, durante las protestas sociales de 2022 y 2023, la Junta Transitoria del Ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP), rechazó la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público por parte del fiscal de la Nación, Tomas Gálvez.
Han considerado dicha acción como un error, por cuanto, repercutirá en el retraso de las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos en agravio de las víctimas de los fallecidos y heridos.
“Desde la Junta Transitoria del ICAP, exigimos al Ministerio Público continuar con las investigaciones relacionadas a violación de derechos humanos con objetividad y celeridad en el marco de su mandato constitucional”, señalaron.
Finalmente, demandaron que estos hechos no queden impunes. “Invocamos a las entidades del Estado, a través de sus operadores de justicia, garanticen la vigencia de los derechos fundamentales como manda el artículo 44 de la Constitución, cada quien, en el marco de sus autonomías, y cumplan sus funciones con eficiencia, eficacia y empatía con las víctimas, en el marco del Estado Constitucional de Derecho”, finalizaron.