Un informe de control revela cámaras inoperativas, deficiente vigilancia perimetral y personal sin rotación por más de una década, pese a las constantes requisas del Ejecutivo
La Contraloría General de la República (CGR) detectó serias deficiencias de seguridad en el penal de Puerto Maldonado, tras una visita de control realizada entre el 15 y 17 de diciembre. El informe, publicado el 23 de diciembre, advierte que más de diez cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas y que las grabaciones solo se almacenan por 13 días, cuando la normativa del INPE exige un resguardo mínimo de 60 días.
La entidad constató que el 72 % de las cámaras del sistema del INPE no permite visualizar imágenes por fallas de conectividad, mientras que otro sistema privado presenta el 35.7 % de cámaras sin funcionamiento. Además, solo uno de los patios del penal cuenta con monitoreo activo, dejando sin vigilancia espacios comunes y puntos estratégicos donde se ubican teléfonos públicos.
El informe también alertó sobre “puntos ciegos” en la seguridad externa. Cámaras bloqueadas por estructuras y la ausencia de dispositivos en zonas colindantes a vías públicas impiden controlar adecuadamente los ingresos y salidas. A ello se suma que los faros de iluminación en las torres de vigilancia se encuentran inoperativos y que una de las seis torres carece de personal asignado.
La Contraloría evidenció, además, fallas en el sistema de registro de internos, ya que el aplicativo SIP POPE no valida de manera automática la identidad de los reclusos con la base de datos biométrica del Reniec. Esta carencia, según el órgano de control, afecta la exactitud en la verificación de identidad de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, el penal no cuenta con equipos tecnológicos adecuados para la revisión de visitantes, paquetes y materiales que ingresan a los talleres. La ausencia de escáneres corporales, detectores de metales y sistemas de rayos X limita el control interno, mientras que el personal de vigilancia perimetral carece de radios de comunicación para alertar sobre situaciones irregulares.
El informe también reveló que 27 de 123 servidores de las áreas de Seguridad y Tratamiento llevan hasta 12 años sin rotar de funciones, pese a que la normativa establece una rotación cada dos años para evitar vínculos de familiaridad con los internos.
Finalmente, la Contraloría dispuso que el titular de la entidad informe, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones correctivas o preventivas que adoptará para subsanar las situaciones adversas detectadas, en un contexto donde el Gobierno anuncia una próxima reestructuración del INPE para enfrentar la criminalidad en los penales del país.