José Jerí tuvo la oportunidad de observar leyes aprobadas por el Congreso que advertían riesgos para la seguridad, los derechos humanos y el control de economías ilegales. No lo hizo. Por el contrario, durante lo que va de su gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte promulgó sin más una serie de normas cuestionadas que abarcan desde la minería informal hasta retrocesos en educación y disposiciones bajo alerta por criminalidad organizada.
El mandatario interino oficializó este viernes 26 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ampliamdp el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.
Esta norma, que fue aprobada por el Congreso y ahora publicada en El Peruano, extiende un proceso que para Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), no es una solución de fondo, solo algo momentáneo. «Me parece que el año que viene vamos a tener lo mismo: huelgas y movilizaciones, lo cual resulta una gran decepción con las autoridades, ya que no se comprometen realmente con resolver la formalización minera», sostuvo.
Retroceso en educación sexual
Tan solo dos días antes de la promulgación del Reinfo, el Ejecutivo oficializó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley Nº 32535), aprobada por el Congreso, que elimina la Educación Sexual Integral (ESI) en el currículo escolar y sustituye su enfoque por una educación centrada en aspectos “biológicos y éticos”. La norma ha sido promovida por la congresista de Renovación Popular y pastora evangélica Milagros Jáuregui, quien desde su posición promueve discursos conservadores que limitan el enfoque de género en políticas públicas.
Jerí promulgó ley fujimorista pese a alertas por narcotráfico
Poco antes, el portal Epicentro reveló que Jerí promulgó una ley impulsada por siete congresistas de Fuerza Popular que permite la habilitación de una carretera en una zona cocalera altamente vigilada por narcotráfico y crimen organizado. El proyecto recibió alertas de autoridades y expertos que temen que la infraestructura facilite la movilidad de bienes ilícitos y fortalezca las redes criminales que operan en esos corredores rurales.
Negación de impacto de las ‘leyes procrimen’
Un punto central de crítica hacia Jerí fue su negación de que las denominadas leyes ‘procrimen’ incrementaron la inseguridad. Tras la aprobación de estas ocho normas, el presidente aseguró que no consideraba que esas leyes fomentaran actividades criminales y restó peso a advertencias como la del Colegio de Abogados, que pidieron derogarlas urgentemente.