Las negligencias y demoras de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP en la ejecución de los allanamientos y detenciones del prófugo Vladimir Cerrón, así como de los no habidos Óscar Acuña —en su momento— y del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, permitieron que escapen de la justicia.
Uno de los casos más recientes es el de Castillo. El último 5 de diciembre, el Poder Judicial resolvió el pedido de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao para allanar el domicilio del titular del Gore Callao y dictar su detención preliminar por 15 días.
Cuatro días después, el 9 de diciembre, el juez Edie Solórzano declaró fundado el pedido del Ministerio Público, notificó y autorizó los allanamientos, las detenciones y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 18 investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, en el marco del caso “Los Socios del Callao”.
Sin embargo, pese a contar con una orden judicial, la Dircocor ejecutó el operativo seis días después, recién el lunes 15 de este mes, durante la madrugada.
El general, Luis Lira, jefe de la circunscripción policial, señaló que las coordinaciones para la elaboración del plan de operaciones de la PNP ocasionaron la demora en la ejecución de las diligencias, las cuales se realizaron de manera conjunta con el Ministerio Público.
Debido a esto no se pudo dar con Castillo y otros investigados. Al acudir al domicilio del presidente del Gore, los agentes se dieron con la sorpresa de que el inmueble se encontraba en remodelación, motivo por el cual la diligencia fue declarada “infructuosa”. Lira descartó un posible soplo para favorecer a Castillo y aseguró que “la Policía jamás filtraría información, porque somos los primeros interesados”, afirmó.
De acuerdo con la tesis fiscal, Castillo habría encabezado una presunta organización criminal en el Gore y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), mediante la cual se habrían direccionado 63 contratos presuntamente a favor de los proveedores Luis Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez, por un monto aproximado de S/ 1.4 millones.