La Ley N.º 32527 autoriza al Poder Ejecutivo a emitir decretos legislativos en materia económica, tributaria e infraestructura, con el objetivo de impulsar 48 medidas orientadas a la inversión, el crecimiento y la protección al consumidor
El Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 60 días calendario, tras la publicación de la Ley N.º 32527. La norma habilita al gobierno del presidente José Jerí a legislar mediante decretos legislativos en ámbitos clave como economía, inversión privada, tributos e infraestructura, con el fin de acelerar la reactivación económica del país.
La delegación permitirá implementar un total de 48 iniciativas enfocadas en promover el crecimiento económico, fortalecer las finanzas públicas y dinamizar la inversión. En el ámbito de inversión e infraestructura, el Ejecutivo podrá optimizar el funcionamiento presupuestario de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y precisar los supuestos de aplicación del porcentaje de percepción del 10 % en las importaciones. Asimismo, se eliminarán tasas por medidas cautelares contempladas en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
En materia fiscal, la norma faculta al Ejecutivo a reforzar la lucha contra el fraude tributario y mejorar la recaudación. Entre las medidas previstas se incluye la modificación del sistema de pago de obligaciones tributarias, el establecimiento de mecanismos para el cobro de deuda exigible y el fortalecimiento del marco penal frente a nuevas modalidades de evasión. También se contemplan acciones específicas contra el uso de facturas electrónicas falsas y comprobantes de pago adulterados, así como procedimientos especiales para controlar el valor en importaciones y la sustitución de sanciones de comiso por multas en determinados casos aduaneros.
La delegación de facultades también incorpora disposiciones para fortalecer la protección del consumidor en el comercio electrónico. En ese sentido, se exigirán obligaciones específicas a proveedores no domiciliados, como la implementación de correos electrónicos para la atención de reclamos, y se prohibirán prácticas comerciales coercitivas en las plataformas digitales.
Una vez emitidos los decretos legislativos, la ley establece que los titulares de cada sector ministerial, incluidos el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Producción, deberán informar por escrito a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso sobre los avances y el estado de implementación de las medidas, dentro de los 60 días posteriores a su publicación.