El Poder Judicial programó para este lunes 15 de diciembre una audiencia reservada en la que se analizará la solicitud del Ministerio Público para acceder al contenido del teléfono celular incautado a Andrés Hurtado Grados, conocido como “Chibolín”. La petición forma parte de la investigación por presunto tráfico de influencias agravado que impulsa la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
El requerimiento fiscal busca la autorización para recuperar y revisar toda la información almacenada en un dispositivo Samsung incautado a Hurtado en septiembre de 2024. Se pretende acceder a llamadas, mensajes, comunicaciones por WhatsApp y Facebook, así como imágenes, videos y otros archivos generados entre enero de 2020 y septiembre de 2024. Además, se pidió a las empresas de telecomunicaciones entregar un registro histórico del número telefónico, incluyendo datos de geolocalización, titularidad y tráfico de comunicaciones.
La diligencia se llevará a cabo de manera virtual mediante Google Meet, en sesión privada debido a la sensibilidad de los datos involucrados. La convocatoria incluye la participación obligatoria del Ministerio Público, del investigado y de su defensa técnica, con la previsión de un abogado de oficio si su representante legal no asiste. El juzgado dispuso que todas las partes actualicen sus vías de contacto para asegurar su presencia en la audiencia.
Hurtado cumple prisión preventiva por 18 meses en el penal de Lurigancho, medida dictada en la investigación por cobros presuntamente realizados para facilitar la devolución de un cargamento de oro. También permanece bajo una segunda orden de prisión preventiva por supuestas gestiones irregulares en Migraciones vinculadas al futbolista Roberto Siucho. En paralelo, la Fiscalía indaga a la fiscal Elizabeth Peralta, al empresario Javier Miu Lei y a otros implicados por aparentes coordinaciones para ejercer influencias y por posibles delitos conexos como lavado de activos, cohecho y desbalance patrimonial.