El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó una batería de propuestas de alto impacto orientadas —según afirmó— a transformar estructuralmente el Perú en un plazo de seis meses.
Acompañado por la arquitecta Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia y secretaria general del partido, y por Roberto Pizarro, coordinador distrital, el también líder de Renovación Popular aseguró que el Perú está listo para un cambio “irreversible”.
“Cambiaremos el Perú en un plazo de seis meses. Tenemos el equipo para asegurar que en menos de ese tiempo recuperaremos la tranquilidad del país”, proclamó frente a sus simpatizantes, prometiendo una reforma total del Estado y una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado.
Uno de los anuncios más contundentes de López Aliaga fue la presentación de un shock de 50 leyes que enviará al Congreso el 28 de julio, con carácter de cuestión de confianza.
“Si no se aprueba, se van a su casa. Para eso está el voto popular”, advirtió, en un mensaje directo al Parlamento, al que acusó de frenar reformas esenciales.
Este paquete legislativo forma parte de una reingeniería total del aparato estatal, cuyo eje central es la reducción de 19 ministerios a solo 6, una medida que —según explicó— permitirá construir un Estado más eficiente, austero y orientado a resultados. Además, planteó un programa de compra de renuncias para recortar la planilla pública y destinar los recursos liberados a inversiones prioritarias.
López Aliaga también anunció una reforma del presupuesto nacional que dividirá el gasto en 50% para inversión y 50% para gasto corriente, eliminando consultorías, asesorías y contratos innecesarios.
“Somos un país con las mejores cifras de Sudamérica. No es justo lo que estamos viviendo”, declaró, asegurando que el Perú tiene el potencial económico para salir de la crisis si se replantea el uso de los recursos públicos mediante indicadores de desempeño (KPI).
Seguridad ciudadana
El plan de seguridad fue otro de los pilares del discurso. El candidato anunció una inversión sin precedentes de mil millones de dólares en inteligencia policial, destinada a adquirir equipos de geolocalización, tecnología de rastreo, escucha legal y herramientas para desarticular redes de extorsión.
Entre sus medidas inmediatas figuran:
Prohibición de venta de chips sin autorización.
Corte del mercado negro de celulares robados.
Refuerzo de la presencia policial en todo el país.
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