En nuestra edición de ayer 30 de noviembre revelamos que 37 profesores fueron nombrados por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) con un requisito que fue introducido ilegalmente dentro de los lineamientos de concurso de nombramiento excepcional a fines del año 2024.
Ahora ponemos al descubierto que este grupo de catedráticos habría puesto en marcha un lobby para que el Congreso de la República modifique la Ley 32171 a fin de que saneen el nombramiento irregular que los benefició. Con la reforma, esperan salvarse de responsabilidad penal y administrativa.
Cabe mencionar que los miembros de la comisión perjudicaron a otros 38 docentes que pese a cumplir los requisitos fueron excluidos abusivamente del proceso que habían amañado.
En este escándalo están implicados los miembros de la comisión responsable de seleccionar a quienes cumplían los requisitos, el representante de los docentes, los decanos y el propio rector Paulino Machaca Ari, por no adoptar medidas correctivas.
NOMBRAMIENTO TRAFA
El 26 de noviembre de 2021 se publicó la Ley 32171. La norma autorizaba el nombramiento excepcional de docentes contratados para categoría auxiliar y asociados. Para nombrarse se tuvo que acreditar experiencia docentes o profesional más de cinco años, haber ganado plaza por concurso público y tener vínculo laboral hasta 2023-II (segundo semestre). Si bien, muchos cumplían con los requisitos otros no y serían allegados de la autoridad universitaria, de la facción de su grupo político.
La comisión de nombramiento la integró el vicerrector de investigación, Ariel Velasco Cárdenas; el decano de la facultad de Ciencias Agrarias, Javier Mamani; y el decano de la facultad de Derecho, Sergio Barriga Serruto.
Este grupo de trabajo planteó ante el Consejo Universitario que los postulantes, presenten para su nombramiento la “resolución rectoral de contrato docente con la Universidad Nacional del Altiplano al 22 de noviembre de 2024”.
LA TINTERILLADA
Quienes se beneficiaron con este requisito de ‘contrabando’ solo había ganado su primer concurso el segundo semestre de 2024. La Ley 32171 requirió el vínculo laboral hasta el 2023-II.
Hasta el 2023-II la mayoría de los 37 afortunados catedráticos eran “invitados”, pero les hicieron como si esa “contratación a dedo” sea el vínculo laboral acorde a la ley excepcional de nombramiento.
TREMENDO LOBBY
El nombramiento de este grupo es completamente ilegal. Seis después que se publicó la norma, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, presentó el proyecto de Ley N° 9630 para que, dentro de los alcances de esta se incluya a los profesores que, además de cumplir todos los requisitos, habían trabajado los semestre 2024-2 y 2024- II. Si esta ley fuere modificada los nombramientos ‘truchos’ tendrían asidero y justificación pero la reforma aún no se aprueba.
Uno de los catedráticos, ligados a la facción política del rector Paulino Machaca, cuya identidad reservamos, confesó que “la comisión y los miembros del Consejo Universitario saben lo que hicieron, ya está consumado. Ellos esperan que salga esa modificación para que puedan salvar su pellejo”, dijo.
LAS MOVIDAS
El 1 de septiembre de 2025, en su muro de Facebook, dicho congresista publicó fotografías sobre la reunión que sostuvo con varios docentes para que modifique la Ley 32171. Se observa a Carlos Abad Vargas, secretario del Sindicato de Docentes de la UNA; Javier Mamani Paredes, miembro de la comisión de nombramiento y quien en Consejo Universitario del 30 de diciembre de 2024 defendió a rabiar los nombramientos ‘truchos’.
Tras la reunión en Puno, Flores Ancachi visitó el despacho de Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, para acelerar la ansiada modificación. En la cita aparece orondo, Carlos Abad Vargas.
ASCENSOS ‘TRAFAS’
El 31 de octubre de este año, la Contraloría General de la República emitió el Informe 021-2025-2-0202 “Auditoría de cumplimiento de la UNA”, detectó que una gran parte de los ascensos también fueron irregulares. Sobre ello, publicaremos otro reportaje.