Juliaca. Una grave denuncia por incumplimiento de obligaciones contractuales recae nuevamente sobre la Municipalidad Provincial de San Román.
La empresaria Pilar Quispe Benique, propietaria del grifo AJP, ubicado en la salida a Arequipa, exige que la comuna le pague más de 87 mil soles por el suministro de combustible entregado a las unidades de Serenazgo durante el primer trimestre de este año.
«En dinero me deben en total cerca de 68 mil soles, además el municipio retiene una carta fianza de S/ 25 mil, equivalente al 10% del contrato, pese a que el servicio se cumplió en su totalidad (…), está en manos de la Subgerencia de Serenazgo, no me quieren dar conformidad, ellos se lavan las manos (…)», refirió públicamente.
Según la empresaria, entre enero y marzo de 2025 abasteció diariamente con 4 galones por patrullero, atendiendo entre 15 y 20 vehículos por día para asegurar la operatividad del servicio de vigilancia ciudadana en fechas de alta demanda, como Año nuevo, Carnavales, Semana Santa y otras actividades.
Detalló que, en total, entregó alrededor de 4 mil galones mensuales, amparada en un contrato complementario firmado el 19 de febrero. Sin embargo, la orden de compra correspondiente fue emitida y notificada recién el 3 de abril, provocando un retraso administrativo que hoy impide el pago.
CAMBIOS DE FUNCIONARIOS
Quispe sostiene que el entonces subgerente de patrullaje, Carlos Postigo, reconoció la deuda y validó las entregas realizadas. No obstante, tras la rotación de funcionarios en Seguridad Ciudadana, los nuevos responsables se negaron a otorgar la conformidad del servicio argumentando “desconocimiento” de los compromisos asumidos por la gestión anterior.
Para la empresaria esta falta de respuesta representa un golpe directo a su economía, pues tuvo que invertir recursos propios para sostener el abastecimiento diario solicitado por la misma municipalidad.
DOCUMENTACIÓN
Quispe asegura contar con vales internos, registros de despacho y documentación administrativa que prueban cada suministro realizado. Sin embargo, funcionarios actuales habrían señalado que existe una investigación interna vinculada al manejo de combustible, lo que habría derivado en cambios de personal y en la paralización de los trámites de pago.
La proveedora al borde de las lágrimas pidió a la comuna asumir su responsabilidad contractual. «Todos los días vengo llorando al municipio a exigir, quiero reunirme con el alcalde (..)», dijo.