Dirigentes de gremios y organizaciones no cesarán las movilizaciones contra el gobierno de José Jerí. El rechazo contra el mandatario se debe a que fue él quien sustentó el informe que archiva la denuncia constitucional por las muertes en protesta durante el 2022 y 2023.
Las dos marchas convocadas para el 14 y 15 de octubre no tuvieron la acogida esperada en el altiplano, porque los quechuas, quechuas y aymaras están en periodo de siembra. No obstante, se declararon en reunión permanente ante la llegada de cualquier político de derecha y el arribo de Jerí al altiplano puneño.
Jean Villanueva, miembro de una de las facciones de la Generación Z, señaló que Puno es una región pujante que, siempre que sea posible, vendrán desde la capital a apoyar toda manifestación de reivindicación por justicia por todas aquellas personas que perdieron la vida en el 2023.
Ana María Coaquira, dirigente quechua de Azángaro, aseguró que, pese a que la movilización no fue masiva en las calles, alegó que la resistencia continua porque Puno no ha cambiado su posición contra el gobierno.
“Desde el campo seguimos en protesta. En este momento todos estamos trabajando la tierra porque es época de siembra hasta el ocho de diciembre. Pero eso de ningún modo implica que retrocedamos. No queremos a nadie de Lima. Nos rechazamos. No olvidamos todo lo que nos maltrataron”, dijo.
Para este sábado se programó movilización en Juliaca. Tampoco hubo convocatoria. Pero al final se aprobaron nuevas acciones en coordinación con los deudos de las 18 víctimas del 09 de enero de 2021.
Raúl Samillan, presidente de la asociación de víctimas, indicó que estarán presentes en todas las acciones que ayuden a encontrar justicia por sus seres queridos.