El Gobierno de José Jerí destinará S/291.600 para la defensa legal del expresidente Ollanta Humala en el marco de las investigaciones del caso Gasoducto Sur por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión.
A través de los documentos publicados en el portal del Sistema Electrónico del Contrataciones del Estado (Seace), se pudo conocer que el viernes 7 de noviembre se convocó a licitación de la buena pro para que los estudios de abogados presenten sus ofertas correspondientes para patrocinar al exmandatario.
El pasado 11 de agosto de este año, Humala Tasso presentó una solicitud ante el Ejecutivo para que se le brinde «asesoría legal y defensa legal» en el proceso penal que se le sigue en el «Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada».
El exjefe de Estado hizo este pedido casi cuatro meses después de haber recibido una sentencia de 15 años en primera instancia por el caso de aportes ilícitos en sus campañas presidenciales 2006 y 2011. Según la Fiscalía, el exmandatario recibió aportes millonarios de la empresa Odebrecht y OAS durante sus actividades que, tiempo después, lo llevarían a Palacio de Gobierno.
Por medio de la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG del 19 de agosto, se estableció que el pedido del exmandatario cuenta con el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica. De esta manera, se declaró procedente el pedido de Humala para que se le asigne una defensa legal en el proceso judicial en su contra.
Ollanta Humala y el caso Gasoducto Sur
De acuerdo con la tesis fiscal, Ollanta Humala es acusado de presuntamente haber cometido el delito de colusión durante su mandato como presidente de la República (2011- 2016), al favorecer, supuestamente, de manera ilícita al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Además, se le imputa haber intervenido en decisiones que beneficiaron a dicha empresa, mediante la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros funcionarios, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado.