Pobladores de Unión Soratira denuncian que trabajadores de EDEMSA–Perú ingresaron de madrugada para sustraer equipos valorizados en miles de soles, pese a que estaban retenidos por deudas impagas. Autoridades anuncian denuncias y advierten posibles protestas
La calma se rompió en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro, luego de que un grupo de trabajadores de la empresa EDEMSA–Perú (Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios) ingresara de manera clandestina a la comunidad campesina de Unión Soratira durante la madrugada del último viernes, alrededor de la 1:00 a.m., para retirar maquinarias y equipos valorizados en miles de soles.
Según denunciaron los dirigentes comunales, los trabajadores actuaron sin autorización de las rondas campesinas ni del frente de defensa, aprovechando la ausencia de los comuneros y la presencia de un solo cuidador. El hecho, considerado por la población como “un acto delincuencial”, habría generado indignación y división interna en la zona.
El alcalde distrital de San Antón, Marco Antonio Mamani Luna, confirmó el incidente y calificó la acción como un abuso inadmisible.
“Rechazamos este actuar de la empresa, que está en falta. Es un acto delincuencial y se interpondrá la denuncia correspondiente”, señaló la autoridad edil, tras verificar que los responsables cambiaron candados y cerraduras para sustraer la maquinaria.
EDEMSA–Perú mantiene deudas superiores a tres millones de dólares con proveedores locales, por servicios de alimentación, hospedaje y alquiler de vehículos, de las cuales solo habría cancelado entre el 7 % y el 50 %.
Por su parte, la jueza de paz Clara Sutti Vilca confirmó la denuncia y advirtió que la población podría radicalizar sus medidas de protesta si no se atienden sus reclamos. Asimismo, cuestionó la actuación de las rondas campesinas, ya que las maquinarias sustraídas estaban bajo su custodia en un almacén comunal, lo que despertaría sospechas de presunta complicidad.
Ante esta situación, los comuneros evalúan viajar a Lima para exigir la intervención del Gobierno central y del Poder Judicial, con el fin de recuperar los equipos y exigir el pago de las deudas pendientes.