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Tribunal Constitucional anula investigación contra Keiko Fujimori

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El máximo intérprete de la Carta Magna declaró fundado el recurso presentado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular y dejó sin efecto todos los actos procesales en su contra por presunto lavado de activos

El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la investigación fiscal contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos en el denominado Caso Cócteles. Con los votos de los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, el colegiado declaró fundado el recurso de agravio constitucional presentado por Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular.

En su resolución, el TC sostuvo que durante el proceso se vulneraron el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia. “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a la Constitución”, se lee en el fundamento 96 del fallo.

El máximo tribunal también anuló la nueva acusación fiscal presentada el 2 de julio de 2025, con lo cual se retrotrae todo el proceso a su punto de origen. En palabras del abogado constitucionalista Wilber Medina, “penalmente, el caso queda anulado, a foja cero”. Añadió que la sentencia podría tener efectos en otros procesos similares donde se investigan aportes de campaña bajo la figura de lavado de activos.

Por su parte, la presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto singular al considerar que el Tribunal no debía pronunciarse sobre la relevancia penal de la conducta imputada. “No es función del juez constitucional determinar si la conducta del imputado calza o no con un tipo penal”, precisó. A su juicio, la defensa de Fujimori debe ejercer sus argumentos dentro del proceso penal ordinario.

Con esta decisión, el Caso Cócteles que se remonta a los aportes recibidos durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 queda sin efecto en el ámbito penal, marcando un giro decisivo en uno de los procesos más emblemáticos de los últimos años en el país.

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