La caída política de Dina Boluarte vino acompañada de un cambio drástico en su situación judicial. Tras su vacancia por parte del Congreso la noche del jueves, y con José Jerí ya juramentado como nuevo presidente de la República, la exmandataria enfrenta un panorama legal cada vez más complicado.
Sin inmunidad presidencial ni antejuicio político que la proteja, el Ministerio Público ha acelerado los procesos en su contra y ha solicitado dos medidas de impedimento de salida del país: una por 18 meses, vinculada al caso de las cirugías estéticas, y otra por 36 meses, dentro de la investigación por lavado de activos en el caso “Los Dinámicos del Centro”.
El juez Fernando Váldez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha programado para el miércoles 15 de octubre la audiencia en la que se evaluará el requerimiento fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país. Según el fiscal provincial Ángel Astocondor, la medida busca evitar el riesgo de fuga en una investigación que ya fue calificada de compleja, por una presunta conexión entre fondos ilícitos del partido Perú Libre y el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón.
Del fuero presidencial al régimen ordinario
Para el abogado penalista Rolando Bazán, tras la vacancia los frentes penales más graves para Boluarte “serían, por un lado, la denuncia constitucional por las muertes y lesiones en las protestas de 2022–2023”, archivada por la Comisión Permanente el 11 de septiembre, “pero que puede volver a plantearse si aparecen hechos o pruebas nuevas en el siguiente período anual”.
Bazán explica que el procedimiento que sigue el Ministerio Público con una expresidenta “depende de si el hecho es delito de función o no funcional”. Si es de función —precisa— “la Constitución exige antejuicio: la Fiscalía presenta denuncia constitucional, la Subcomisión califica e investiga, la Comisión Permanente opina y el Pleno decide si hay lugar a formación de causa; solo con ese acuerdo la Fiscal de la Nación puede denunciar ante la Corte Suprema”. En cambio, si el hecho no es de función, por ejemplo, financiamiento de campaña, sigue la vía penal ordinaria ante fiscal y juez competentes, sin pasar por el Congreso, explica el abogado.
Los frentes judiciales: corrupción y lavado de activos
En el caso “Los Dinámicos del Centro”, Bazán señala que la Fiscalía ha pedido 36 meses de impedimento de salida y que el juez observará cuatro puntos, conforme al Código Procesal Penal (arts. 295–296) y al Acuerdo Plenario 03-2019: “indicios suficientes de un delito con pena relevante; necesidad y proporcionalidad para asegurar la sujeción y las diligencias; el arraigo (domicilio, familia, trabajo), la conducta procesal, los medios económicos y la magnitud de la pena en juego; y, por último, que el plazo pedido sea el estrictamente indispensable”.
Sobre el caso de las cirugías estéticas, Bazán afirma que la rapidez con que la Fiscalía solicitó una nueva medida cautelar “revela una estrategia de cerrar la puerta apenas se apagó el escudo del 117 tras la vacancia”. Explica que el Ministerio Público busca “asegurar la sujeción al proceso en los dos frentes que hoy corren en paralelo”: primero, el frente de función (cirugías/negociación incompatible), que se ventila ante el Juzgado Supremo; y segundo, el frente ordinario de lavado (‘Los Dinámicos del Centro’), con audiencia ya fijada para un impedimento de salida de 36 meses.