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Keiko Fujimori se muestra con comunidades indígenas mientras su partido promovió ley que las desprotege

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La lideresa de Fuerza Popular se pasea por Iquitos bailando con comunidades indígenas, compartiendo sonrisas y bailes con los locales; así Keiko Fujimori aparenta un respeto y cariño por estos pueblo; sin embargo es muy distinta el acciones de su partido en el Congreso, los mismo que promovieron y votaron a favor de la “Ley APCI”, desprotegiendo a las comunidades indígenas que son víctimas de organizaciones criminales de tala ilegal, narcotraficantes y ven reducido su territorio a causa la minería ilegal.

La hija del dictador Fujimori visitó comunidades de la amazonia peruana con la finalidad de tomarse fotos y aparentar un respeto por sus tradiciones y su cultura; así comparte fotografías en su página de Facebook sonriente y con la cara pintada.

“La comunidad nativa Yahua del río Momón nos recibió con los brazos abiertos, con su cultura y tradiciones. Ellos viven del turismo, elaboran artesanías únicas y mantienen viva su herencia ancestral. Cada visita es una oportunidad para conocerlos, apoyar su trabajo y sentir de cerca la riqueza de su historia”; dice Fujimori Higuchi.

Fuerza Popular contra comunidades indígenas

El 25 de marzo del 2024, el congresista Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, parlamentario de Fuerza Popular, presentó el proyecto de ley No 7367, iniciativa que después se concretó en la ley 32301, que modifica varios artículos de ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la misma que después se conoció como “Ley Anti-ONG”.

El partido de Keiko Fujimori no solo promovió esta ley nociva para la defensa legal de poblaciones indígenas, sino que también presionó con los votos en el parlamento para que se aprobara en primera votación y luego para exonerarla de la segunda votación.

¿Quiénes aprobaron la Ley Anti-ONG?

El 12 de marzo del 2025, Pleno del Congreso aprobó el dictamen que reúne los proyectos de ley 6162/2023-CR, 6252/2023-CR, 7140/2023-CR, 7354/2023-CR, 7367/2023-CR y 7505/ 2023-CR, que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esto con 82 votos favor, 16 en contra y 4 abstenciones.

Según el registro de votación de ese día, los partidos que votaron a favor en bloque (todos los miembros del partido) fueron, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial y Somos Perú.

Ese día también se realizó otra votación para decidir si la medida pasaba a segunda votación o no (volverían a debatirlo y votar otro día); sin embargo, también hubo mayoría que votó a favor de rechazar la segunda votación, quedando así aprobada la medida. Esta segunda vez, Fuerza Popular volvió a votar en bloque.

¿Qué hace la ley APCI?

Esta ley modificó la ley 27692, ley de creación de la APCI y en concreto cambió el articulo 21 de esta ley, calificando como infracciones muy graves, por las cuales las ONG podrían perder el financiamiento internacional:

“Entre otros, constituye uso indebido, utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano”.

La modificación calificó como “uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos”; así el Congreso quitó el financiamiento legal a las organizaciones que demandaban al Estado Peruano, principalmente en defensa de pueblos indígenas y víctimas vulneraciones a los derechos humanos.

Todos contra la Ley Anti-ONG

Tras la aprobación y oficialización de la llamada “Ley APCI”, protestaron diversas organizaciones, entre ellos el Colegio de Abogados de Lima (CAL), el cual afirma en un comunicado; “A partir de ahora, toda organización que emprenda acciones legales, si es que recibe apoyo de la cooperación internacional, contra el Estado —en defensa de intereses colectivos o derechos fundamentales— corre el riesgo de ser sancionada o incluso eliminada del registro de la APCI”.

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