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Alcalde de Azángaro y regidores enfrentan denuncia penal por incumplir orden del JNE

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El alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Salvador Apaza Flores, junto a varios regidores, fue denunciado penalmente por presunto incumplimiento de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), relacionada con un pedido de vacancia en su contra.

La denuncia fue presentada por el ciudadano Abel García Calcina, quien acusa a las autoridades municipales de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal y real, y resistencia a la autoridad, entre otros delitos contemplados en el Código Penal.

Según el documento, el JNE emitió el 3 de febrero de 2025 la Resolución N.° 056-2025-JNE, ordenando la convocatoria de una sesión extraordinaria del concejo municipal para debatir la vacancia del alcalde. Sin embargo, el 15 de mayo, en lugar de desarrollarse, la sesión fue suspendida sin justificación legal.

De acuerdo con la denuncia, en dicha reunión el alcalde y los regidores exigieron la presencia de todos los solicitantes de la vacancia, y al constatar que algunos no asistieron, decidieron suspenderla, contraviniendo lo dispuesto por el JNE y la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que la suspensión solo procede con mayoría calificada.

Posteriormente, el 19 de mayo, se llevó a cabo otra sesión extraordinaria en la que se aceptó la adhesión de nuevos solicitantes y se procedió a la votación: 10 regidores votaron a favor, uno se abstuvo, pero tres regidores que ya habían participado anteriormente votaron nuevamente, lo que, según García Calcina, podría invalidar el proceso.

El denunciante solicitó al Ministerio Público la apertura de una investigación penal y la recolección de pruebas, incluyendo copias de la resolución del JNE, actas de las sesiones, testimonios y demás documentos pertinentes. Asimismo, pidió ser citado para ratificar su denuncia y aportar información complementaria.

De confirmarse las acusaciones, el incumplimiento de la resolución del JNE considerada un acto administrativo de obligatorio cumplimiento podría derivar en serias sanciones legales para las autoridades involucradas.

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